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El Gobierno quita subsidios a unos 2.900 grandes usuarios de energía eléctrica

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La medida se tomó a través de la Resolución 131/2021 de la Secretaria de Energía. No alcanza a los usuarios residenciales ni pymes, sino que apunta a los grandes usuarios que hasta ahora gozaban de un subsidio que significaba un diferencial de costos.

Así, se corrigió un tratamiento desigual en el costo de la energía eléctrica que había entre 2.900 usuarios de más de 300 kW diarios, los que pasarán a pagar el mismo precio de la energía eléctrica que el resto de las empresas y comercios de acuerdo a su tamaño y consumo de electricidad.

La medida adoptada, busca generar equidad entre los grandes usuarios, además de ahorrar unos 35 mil millones de pesos y restar presión para un aumento de tarifas a otros sectores.

Hasta el momento existían en Argentina unos 2.900 grandes consumidores sobre unos 650 mil pequeños y medianos comercios, talleres, industrias y prestadores de servicios, que tenían un subsidio que significaba un diferencial de costos y un beneficio con respecto a sus competidores.

Estas industrias beneficiadas iban desde fábricas automotrices hasta grandes espacios comerciales, incluso petroleras.

De la normativa se desprende que los Grandes Usuarios de la Distribuidora (GUDI) con Demandas Mayores a 300 kw, se produce "una situación inequitativa y desigual respecto a los Grandes Usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista ya que estos últimos afrontan costos mayores por el suministro, por lo cual resulta oportuno adecuar el precio estacional".

En ese sentido, se consideró necesaria "la reagrupación de las categorías de usuarios en Residenciales, Demandas Menores a 300 kW No Residencial; y Demandas Mayores a 300 kW –GUDI–; como así también, a los efectos de un adecuado direccionamiento de los subsidios a la tarifa de los usuarios, los volúmenes de energía eléctrica adquiridos".

"Adicionalmente resulta necesario subdividir la categoría Demandas Mayores a 300 kW –GUDI– en los subgrupos: General y Organismos y Entes Públicos que presten los Servicios Públicos de Salud y Educación", se especificó de acuerdo a la nueva normativa publicada en el Boletín Oficial.

En esta diferenciación se excluyen expresamente a las instituciones públicas que prestan servicios de Salud y Educación de los tres niveles del Estado, las que seguirán con la tarifa subsidiada.

La Secretaría de Energía aclaró que la medida no alcanza ni impacta en los 15 millones de usuarios del servicio de distribución de energía eléctrica por redes, ni en las 650 mil pymes, comerciales, industriales y de servicio, sino que involucra a unos 2.900 Grandes Usuarios que consumen más de 300 kW diarios.

A partir de la normativa, estos grandes usuarios abastecidos por las Distribuidoras Eléctricas, pasarán a pagar el mismo precio de la energía eléctrica que el resto de las empresas de similar tamaño y consumo de electricidad.

Martínez dijo que "se tomó esta medida para remediar inequidades que provocaban distorsiones en el costo de la electricidad entre empresas de similares tamaños y actividades".

El secretario también expresó que "se mantuvo expresamente a escuelas, hospitales y universidades públicas dentro de la tarifa subsidiada, otorgándole el tratamiento diferencial que les corresponde por la jerarquía e importancia social de la actividad que desarrollan".

Finalmente, Martínez declaró que "si bien es difícil calcularlo, ya que depende del nivel de recuperación de la actividad y del consumo, este tipo de correcciones nos permitirán generar un importante ahorro fiscal".

Según datos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), la programación trimestral febrero-abril 2021 establece que el precio promedio por megavatio-hora (MWh) del sistema es de u$s 60,11 o $ 5692, que el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) paga a medias con el Estado nacional.

Los Grandes Usuarios Mayores (GUMA), Menores (GUME) y la Autogeneración abona el precio completo, mientras que la Demanda General no Residencial con consumo mayor a 300 kW paga $ 3152 (55% del costo) y quienes utilizan menos de 300 kW destinan $ 2268 por MWh (el 40% del costo).

A medida que se deprecia el peso frente al dólar, crecen las necesidades fiscales del Estado mientras se mantengan congeladas las tarifas, ya que los costos principales del sistema (gas para las usinas termoeléctricas y contratos renovables) están en dólares.

Por caso, los usuarios residenciales (hogares) abonan únicamente $ 2007 por MWh, el 35% del costo total.

Por esta vía se canaliza la mayor parte de los subsidios energéticos, presupuestados en unos $ 623.000 millones en total (1,7% del Producto Bruto Interno, PBI).

De acuerdo al informe de resultado fiscal que presentó la Secretaría de Hacienda, en enero de este año la asistencia financiera del Tesoro a Cammesa fue de 6954 millones de pesos, con un salto interanual de 55,2%, que superó ampliamente la inflación.

La empresa mixta que administra el sistema requiere cada vez más subsidios del Estado, ya que, por el congelamiento de las tarifas, las distribuidoras dejaron de pagar la energía y se financian con ese dinero.

Esa deuda ya trepó por encima de los 140 mil millones de pesos y será negociada en los próximos meses con las autoridades energéticas, con la oferta de planes de pago en hasta 60 cuotas con seis meses de gracia y la ejecución de inversiones prioritarias.

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: ámbito / télam

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